Abogado y ex periodista de 46 años, nacido en el seno de una familia de trabajadores, Nicanor Duarte Frutos fue afiliado por su padre al Partido Colorado a la edad de 14 años y, tras vencer con un 37,30 % de los votos, dejando atrás por varios cuerpos a los demás candidatos,  Duarte Frutos aseguró un nuevo periodo de gobierno del Partido Colorado, en el poder desde 1947. Los lejanos opositores alcanzaron la siguiente votación: Julio César Franco, del socialdemócrata Partido Liberal Radical Auténtico, 23%; Pedro Fadul, del centroderechista Patria Querida, 22%; en tanto Guillermo Sánchez Guffanti, de la derechista Unión Nacional de Colorados Eticos, desprendimiento del coloradismo liderado por el ex general golpista Lino Oviedo, requerido por la justicia paraguaya y exiliado en Brasil, 12,95%.

Medidas para un panorama económico calamitoso

Al anunciar su victoria electoral, Duarte -quien comenzó su actuación en la vida pública  como cronista en un diario de Asunción en 1981, y diez años más tarde, en 1991, fue designado Ministro de Educación- dejó entrever que llamará a crear una mesa de concertación con las fuerzas opositoras. En una subsiguiente conferencia de prensa, adelantó algunas medidas económicas de su futura administración; pidió, además, que el actual gobierno se prive de adoptar disposiciones administrativas que no hayan sido consultadas con los asesores del futuro mandatario.

La economía de Paraguay, uno de los países más pobres de América, depende sobremanera de la agricultura y es notoria por el contrabando. La organización Transparencia Internacional ha rankeado a Parguay entre los países más corruptos del mundo. Por otra parte, el novel presidente, quien en 2001 fue elegido jefe de su partido, prometió mano firme a la hora de gobernar y limpiar la administración pública. "Se acabaron los días en que ser miembro del partido colorado servían para servirse del estado. Vamos a sanear las aduanas y asegurar que todos paguen sus impuestos", agregando su intención de ordenar la intervención de varios organismos públicos salpicados por denuncias de corrupción (además de  la  Dirección General de Aduanas, la Administración Nacional de Puertos y el  Viceministerio de Tributación, el Instituto de Previsión Social, el Banco Nacional de Fomento, entre otros). Según los anuncios de Duarte, estas intervenciones permitirán, por otra parte, activar un plan para aumentar las recaudaciones impositivas, que se vería complementado con una férrea política de control de la evasión fiscal. Sin embargo, según los opositores al Partido Colorado, no obstante sus declaraciones, Duarte Frutos ha protegido a políticos corruptos.  

El vencedor de los comicios asumirá dentro de un marco económico calamitoso: el desempleo afecta a 15% de la población económicamente activa y el subempleo a 22%, mientras 40% tiene algún problema laboral. De los seis millones de habitantes el 34% vive en la pobreza. Por otra parte El PIB se contrajo 2,7% en 2002; si bien las autoridades prevén un incremento de entre uno y dos puntos para este año, el Fondo Monetario Internacional pronostica una nueva caída, de 1%. En tanto, a febrero, la morosidad bancaria privada llegaba a 22% y la pública a 50%; a marzo. En 2002, la inflación acumulada fue de 7,1%, el déficit fiscal llegó a 140 millones de dólares en 2002 y, según el Banco Central, el déficit de la balanza comercial alcanzó los 606,7 millones.

Entre otras rápidas medidas, Duarte Frutos señaló que viajará a Washington para dialogar con los organismos financieros multilaterales, buscando renegociar los vencimientos de la deuda externa, que en febrero alcanzaba los 2.312 millones de dólares, y gestionar un régimen de excepción similar al otorgado a Bolivia. Asimismo, piensa solicitar un crédito de 500 millones de dólares para construir obras viales.

En el oscuro marco económico, uno de los pocos indicadores favorables es de las reservas monetarias, que aumentaron entre diciembre del año pasado y el 22 de abril de este año, de 646 millones a 732 millones de dólares.  Sin embargo, según analistas, en caso de que el Tesoro consiga financiamiento para cumplir con los pagos de la deuda externa, el peso paraguayo caería entre 10 y 15% frente al dólar y, según algunos, en caso de no obtener Duarte Frutos el financiamiento necesario, la inflación acumulada a diciembre alcanzaría, como mínimo, el 25% y, entonces, el peso paraguayo caería al menos 20%.  

Paraguay se encuentra en mora con respecto al pago de intereses de algunos compromisos y, entre diciembre de 2002 y febrero de este año, la deuda creció de 2.283 a 2.312 millones de dólares. Las autoridades del Tesoro han realizado constantes pedidos a la hidroeléctrica Itaipú, que Paraguay comparte con Brasil, para que adelante regalías por usufructo de aguas. El crecimiento de la deuda interna pública y del déficit fiscal, aunado a la amenaza de un inminente default o cese de pagos de la deuda externa y el constante crecimiento del déficit fiscal, auguran un panorama más que sombrío. Por otra parte, el aumento de salarios de 35% prometido por Duarte Frutos a los empleados públicos (según el derrotado Fadul, el recién electo presidente se ha beneficiado del “uso de la maquinaria estatal” para influir a los empleados estatales y sus familias, que componen el 40% del electorado”), más la aprobación parlamentaria de la emisión de bonos del Estado por 45 millones de dólares, que se destinarán a pagar expropiaciones de tierras, podría colocar el déficit fiscal de 2003 en el 4% del PIB.

No al cambio

En tanto, en elecciones recientes, otros electorados latinoamericanos han respondido a las crisis económicas rechazando a los grupos políticos atrincherados en el poder, los paraguayos han mantenido su voto al Partido Colorado, que gobierna desde hace 60 años, ya sea como gobierno civil o alineado a décadas de dictadura del general Alfredo Stroessner. Los graves problemas económicos y sociales, esta vez, no alteraron la tranquilidad de los comicios, que transcurrieron con total normalidad. Fue ésta una nota saliente y contrastante con la historia electoral reciente en Paraguay, saturada de incidentes, denuncias de fraude, asesinatos e intentos de golpe de estado, que ha marcado el pasaje de la dictadura del general Stroessner -derrocado en un golpe de estado- al gobierno civil.

Si bien la Carta Magna de junio de 1992 sustituyó a la elaborada en 1967 por Stroessner, los presidentes de la República, la Corte Suprema y el Congreso no asistieron al acto de promulgación de la nueva Constitución, que incluía amplias disposiciones para la protección de los derechos humanos y prohibía la pena de muerte para los delitos comunes. En tanto, las reiteradas denuncias de corrupción generalizada dentro de las fuerzas armadas, tráfico de drogas incluido, llevaron al inicio de investigaciones y se llegó a dictar órdenes de detención contra importantes generales, entre ellos el comandante en jefe del Ejército.

En mayo del año siguiente, en un clima enrarecido por amenazas de fraude y declaraciones militares de que mantendrían al Partido Colorado en el poder, ganó el candidato colorado Juan Carlos Wasmosy las elecciones de mayo de 1993, transformándose en el primer presidente civil electo en los 182 años de vida independiente paraguaya. Tres años más tarde, Wasmosy pasó a retiro a ocho militares de alto rango, resistiéndose a la orden el general Lino Oviedo y acuartelándose, junto con un grupo de oficiales jóvenes. Wasmosy, refugiado en la embajada de Estados Unidos, nombró a Oviedo ministro de Defensa, con el fin de conjurar la crisis, si bien más tarde revocó la decisión. En mayo, el Partido Colorado y la oposición acordaron la prohibición de la actividad política para los militares. Un año más tarde, en las elecciones internas del Partido Colorado, Oviedo fue elegido candidato presidencial con 36,8% de los votos y, posteriormente, fue arrestado por cargos de sedición y condenado a 10 años de prisión por un tribunal militar, lo que desató una fuerte ola de rumores de golpe de Estado y de postergación de la elección presidencial.

Las elecciones del 10 de mayo, con Oviedo en prisión, dieron 46,8% de los votos para la fórmula del Partido Colorado, Raúl Cubas-Luis María Argaña, contra 38,2% para la Alianza Democrática de Laíno y Filizzola. Una de las primeras medidas del nuevo presidente fue la liberación de Oviedo pero, en diciembre, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que la misma había sido inconstitucional y que debía volver a prisión, lo que desencadenó una serie de enfrentamientos entre partidarios y opositores al gobierno de Cubas. En marzo de 1999 el parlamento se aprestaba a votar el juicio político al presidente. Pero el día 23 desconocidos uniformados asesinaron al vicepresidente Argaña. Después de casi una semana de choques en las calles de la capital, Asunción, Cubas renunció y se refugió en Brasil, mientras Oviedo consiguió un salvoconducto para huir hacia Argentina. El presidente del Congreso, Luis González Macchi, asumió la presidencia el día 28 y formó un gabinete integrado por colorados y opositores. Una sentencia de la Suprema Corte permitió que González Macchi se hiciera cargo por todo el período que correspondía a su predecesor, lo que lo habilitó a permanecer como presidente hasta 2003.

El nuevo presidente enfrentó una ola de huelgas y protestas contra la política económica de sectores de trabajadores, campesinos y empresarios. Por otra parte, los sindicatos estatales realizaron una fuerte campaña para resistir las anunciadas privatizaciones de los servicios de telecomunicaciones y electricidad. La tensión social recrudeció en marzo de 2000, cuando grupos de granjeros realizaron varias demostraciones en la capital, reclamando mayor asistencia de parte del estado, mejoras en el crédito y precios más altos para sus productos. En el norteño pueblo de Santa Rosa, algunos granjeros resultaron muertos y otros seriamente heridos a raíz de enfrentamientos entre éstos y la policía.

Se realizaron elecciones en agosto para llenar la vacante dejada por el asesinado Argaña. Julio César Franco, presidente del Partido Liberal, fue electo vicepresidente, convirtiéndose en el primer candidato opositor en resultar electo en 53 años.

El PLRA convocó a una manifestación contra la actuación del gobierno y pidió la renuncia de González Macchi. En abril de 2002, el fiscal Javier Contreras acusó al actual presidente, González Macchi, de apropiación ilegal de fondos al desviar 16 millones de dólares a una cuenta en Estados Unidos y pidió al congreso la aprobación del inicio de un juicio político para procesarlo. El dinero provenía de la liquidación de dos bancos privados paraguayos en el año 2000 y el cobro de los intereses se realizaría a través de dos fundaciones de corte humanitario vinculadas al propio presidente.