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Sudán - Estados Unidos Dilema Darfur Paradójicamente, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien se opone a remitir a la Corte Penal Internacional (CPI) en la Haya el caso por violencia y vandalismo en Darfur, Sudán, ha hecho mucho por que esto suceda: su propia administración denominó "genocidio" los hechos de Darfur, que han acabado con la vida de más de 300 mil personas. Bush propone, a cambio, instalar un tribunal ad hoc para someter a juicio los crímenes de guerra perpetrados entre 2002 y 2004, lo que es por muchos considerado inconveniente. l presentar el informe, el 16 de febrero, la canadiense Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que la Corte Internacional era el mejor foro para investigar y juzgar a los responsables de la campaña de dos años de violencia y vandalismo que terminó con la vida de 300 mil africanos al occidente de Sudán. "Acudir a la CPI es la mejor manera para detener las violaciones actuales y prevenir las futuras", dijo. La administración Bush, por cuya iniciativa el Consejo de Seguridad aprobó la Comisión de Investigación de Naciones Unidas, se encuentra ahora en una serio dilema. Por un lado, se ha manifestado contra la violencia perpetrada por el gobierno sudanés y las milicias árabes apoyadas por éste -más que ningún otro Estado-miembro de las Naciones Unidas- al grado de llamar a los crímenes un "genocidio". Por otro lado, su fuerte antipatía contra la implementación de una Corte Penal Internacional impide al Consejo de Seguridad remitir el caso al órgano adecuado para demandar a los responsables. Ya en octubre de 2004, extraoficialmente, el Consejo de Seguridad de la ONU, los países europeos y la Unión Africana, habían rechazado la palabra "genocidio" para referirse a la matanza que se había perpetrado en Sudán. Colin Powell, sin embargo, insistió en que eso se trataba de un genocidio. Entre 2002 y 2004, miles de personas murieron de hambre, enfermedades y por persecución, además de las violaciones masivas de mujeres y niñas y la obstrucción de ayuda humanitaria. Las víctimas eran miembros de grupos étnicos dedicados a la agricultura en Darfur: tribus masaalit, zaghawa, tama, tanjur y dajo, que forman el grupo étnico fur. Más de un millón de personas fueron desalojadas de sus hogares, mientras que 100 mil huyeron a países vecinos como Chad. El mundo occidental echó la culpa al janjawid, una milicia que, presuntamente, contaría con el respaldo del gobierno del Sudán. Entretanto, el gobierno del Sudán ha restado importancia a la gravedad de la crisis, apuntando que no han muerto más de 5 mil personas (entre las que se cuentan miembros de las fuerzas armadas) mientras que las potencias occidentales -especialmente Estados Unidos- han revelado cifras de víctimas mucho más altas para justificar una supuesta intervención humanitaria o el juicio por este "genocidio" ante un tribunal ad hoc. Otra vez, Estados Unidos mantiene su rechazo a someterse a la justicia de la Corte Penal Internacional. El gobierno de Bush, ha insistido, por el contrario, en remitir el caso a un nuevo tribunal ad hoc africano, instalado a la par de otro tribunal ad hoc en Arusha, Tanzania, que ha pasado casi una década deliberando en casos contra los responsables del genocidio de 1994 en Rwanda. "La propuesta de Estados Unidos de crear un nuevo tribunal para Darfur es un espejismo", dijo Dicker. "Una nueva corte ad hoc carecería de la velocidad y el poder efectivo para cumplir con la tarea", agregó, apuntando además que el tribunal existente para Rwanda publicó un informe la semana pasada señalando que la capacidad locativa de la corte era inadecuada incluso para el caso en ejercicio y que se estaba construyendo una cuarta sede para la corte. Para completar su agenda en tiempo y forma, el tribunal de Rwanda deberá usar todos los recursos a su alcance. "El plan de Estados Unidos de montar un nuevo tribunal en las instalaciones penales de Rwanda es como apretar tres pasajeros más en un coche repleto". La IPC, de dos años de vida, no sólo está completamente equipada para facilitar la investigación y el juicio, sino que además fue establecida con el propósito de tratar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Sin embargo, la administración Bush se ha opuesto a colaborar con la IPC desde siempre, incluso antes de tener existencia formal. El argumento es que la IPC amenaza la soberanía de Estados Unidas y que, dada la preponderancia y las responsabilidades auto-asumidas por Washington en el mantenimiento de la paz y la seguridad globales, los estadounidenses serían particularmente vulnerables a los juicios políticos de la IPC. La administración, inclusive, ha cortado asistencia por decenas de millones de dólares a algunos de los doce países en desarrollo que han ratificado el estatuto. Washington también retiró a funcionarios estadounidenses de algunas misiones de la ONU cuando el Consejo de Seguridad decidió, el año pasado, no extender una excepción desde la IPC a individuos de nacionalidad de algunos de los países no firmantes. Un total de 97 naciones, incluyendo a todos los miembros de la Unión Europea, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, y muchos países africanos con gobierno democráticamente electos han ratificado el estatuto, y 139 lo han firmado. "Los habitantes de Darfur continúan sufriendo horribles abusos avalados por la actual impunidad por crímenes en contra de la humanidad", señaló Richard Dicker, director del programa de justicia internacional de la organización Human Rights Watch. "La intransigencia de la administración Bush en (dar participación a) la Corte Internacional sólo está retrasando la justicia de la gente de Darfur", apuntó Dicker. Según Kolawole Olaniyan, director del Programa para África de Amnistía Internacional, el derecho del pueblo sudanés a la justicia, la verdad y el pleno resarcimiento 2no debe ser anulado por los intereses políticos de ningún Estado". "El pueblo sudanés merece justicia y resarcimiento. Estos dos elementos no deben negársele sólo porque no encajan cómodamente en la agenda política de Estados Unidos", afirmó Olaniyan. "El último borrador de resolución presentado por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad manifiesta simplemente que los autores deben ser llevados ante la justicia por ‘medios internacionalmente aceptables’. Ignorar a la CPI en este caso significa que Estados Unidos considera que la lucha contra la impunidad es secundaria respecto de sus propios intereses". |
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