Según este nuevo código, para crear un sindicato se necesitaría la autorización del Ministerio del Interior, del Ministerio del Empleo, de la Inspección de Trabajo, del Ministerio de Justicia y del Procurador de la República. El futuro de sindicatos independientes en Djibouti se ve así amenazado, sostiene Abdou.

 

18/02/2005
Djibouti
El código retrógrado

Al tiempo que el gobierno de Djibouti se dispone a introducir un nuevo código de trabajo, los sindicatos advierten que los derechos laborales, de por sí ya limitados en el país, se verán gravemente restringidos. "El nuevo código laboral nos hace retroceder un siglo", opina el líder sindical Adan Mohamed Abdou. El código de trabajo aún en vigor en Djibouti data de 1952, cuando el Estado -que declaró su independencia en 1977- aún era una colonia.



Abdou, secretario general de la Union Djiboutienne du Travail (UDT), el principal sindicato independiente del país, explicó, en una entrevista realizada por la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (CIOSL), la gran preocupación del UDT sobre este nuevo código de trabajo. "Los empleadores nunca se han sentido amenazados por esta reforma, quizás porque el ministro en sí mismo es empleador y los acontecimientos pasados lo han tranquilizado", señala el líder de UDT.

Entretanto, el nuevo código laboral elevaría la edad mínima para trabajar de 14 a 16 años, aunque el mínimo vigente muchas veces no fue acatado, por ineficacias en el control del cumplimiento de esta prohibición.

Otro de los cometidos de este nuevo estatuto es liberalizar el mercado de trabajo y fomentar la creación de puestos a través de la flexibilización laboral destinada a favorecer a los eventuales inversores privados, de acuerdo a la carta de intención presentada por el Estado al Fondo Monetario Internacional en febrero de 2004.

"Tenemos ya más de 50 años de retraso con este código", apunta Abdou. El código en vigencia permite, por ejemplo, que los inversores extranjeros determinen libremente sus propios términos de contratos y despidos mientras no se contradiga el estatuto, y estas imprecisiones han dado lugar a políticas cuestionables. Entretanto, el nuevo código de trabajo pondría en tela de juicio, según Abdou, "todos los derechos fundamentales de la OIT, particularmente la libertad sindical, la negociación colectiva, y el derecho de sindicalización".

Según este nuevo código, para crear un sindicato se necesitaría la autorización del Ministerio del Interior, del Ministerio del Empleo, de la Inspección de Trabajo, del Ministerio de Justicia y del Procurador de la República. El futuro de sindicatos independientes en Djibouti se ve así amenazado, sostiene Abdou.

Además, si estos ministerios solicitan la disolución de un sindicato en particular, el Procurador de la República podría, mediante una simple decisión administrativa, proceder a su disolución. "Retrocederíamos por tanto un siglo con respecto a la legislación del trabajo en el país, sin mejorar en absoluto el código de 1952, afirma Abdou.

Sólo resta que el nuevo código laboral, elaborado y aprobado por el consejo de ministros de Djibouti, sea adoptado por el Parlamento en 2005. Actualmente la UDT lleva a cabo una campaña de sensibilización y movilización para oponerse a ello a través de comunicados de prensa, peticiones, manifestaciones y contactos en el seno de la Asamblea Nacional.

La represión sindical  

La UDT ha mantenido una tensa relación con el gobierno desde setiembre de 1995, cuando realizó una huelga general para protestar contra los ajustes estructurales impuestos por el FMI y el Banco Mundial, los que, según Abdou, "daban como resultado enormes recortes salariales de hasta el 40%". Cientos de sindicalistas fueron despedidos por haber hecho huelga, incluyendo a los dirigentes de la UDT y de la UGTD (Unión Générale des Travailleurs Djiboutiens). Los dirigentes sindicales fueron despedidos y no se los ha vuelto a reintegrar en sus puestos, dado que la empresa que se arriesgase a contratarlos podría sufrir represalias.

La represión sindical se agravó en 1999, cuando, de acuerdo a Abdou, el ministro de Trabajo asumió en su cargo y decidió dar un "golpe de Estado" en las dos centrales independientes y creó dos organizaciones sindicales "títeres" que dependen operativamente del ministerio y se proclaman representantes de los trabajadores djiboutianos en el exterior.

Según Abdou, son sólo 40 mil los trabajadores inscritos en la economía formal y se estima que más del 20% de la población es nómade. "Los trabajadores y trabajadoras de la economía informal se dedican a todo tipo de actividades: conductores de autobús, tiendas, vendedores ambulantes, vendedoras de productos agrícolas de Etiopía, etc.", opinó Abdou.





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