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Nueva Constitución busca prevenir futuros genocidios Más del 90% de la población rwandesa aprobó esta semana el proyecto para la nueva Constitución, cuyo fin es otorgar al país un futuro político más estable y evitar un nuevo genocidio como el orquestado por extremistas hutus en 1994, cuando perdieran la vida a unas 800.000 personas, la mayoría de ellas tutsis y hutus moderados. Esta nueva Constitución, la quinta de Rwanda desde que el país se independizara de Bélgica en 1962, además de prohibir que se alentara el odio étnico, establece un sistema de poder compartido por el cual el presidente y el primer ministro no pueden pertenecer al mismo partido. Al impedir que un sólo grupo político controle el país, se busca limitar las posibilidades de que una etnia tenga un poder desmesurado sobre otra. Casi cuatro millones de personas participaron de la votación, es decir, la mitad de toda la población, que étnicamente está compuesta por 84% de hutus, 15% de watusis -o tutsis- y 1% de twas -la etnia pigmea autóctona-, y una minoría de europeos, mayoritariamente belgas. La nueva Constitución establecerá que ningún partido pueda tener más de 50% de escaños en el parlamento, incluso si alcanzan una mayoría absoluta durante las elecciones. Antes de la votación, Paul Kagame, presidente del actual gobierno de transición del Frente Patriótico Rwandés (FPR), de mayoría tutsi, anunció que en setiembre se realizarían las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Algunos críticos han señalado que la votada Constitución ha sido diseñada para mantener al Frente Patriótico Rwandés, de mayoría tutsi, en el poder y que, por ejemplo, el documento prohibe las campañas políticas a nivel de comunidades, restringiendo la actividad política a nivel provincial y nacional. Según estos críticos, esta cláusula está dirigida a asegurar el dominio del FPR. Por su parte, la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York, ha señalado que la Constitución da amplias potestades al parlamento para limitar los derechos de expresión y reunión, ya que este poder puede prohibirlas siempre que las considere "disgregadoras". La nueva Constitución hace hincapié en la "unidad nacional" y fue precisamente arguyendo que iba "contra la unidad nacional" que el actual parlamento transitorio -dominado por el FPR- disolvió el segundo partido del país, el Movimiento Democrático Republicano. Hutus y Tutsis: breve historia de pueblos hermanos Los banyarwandas son los pueblos que tradicionalmente habitaron el territorio de la actual Rwanda y de sus países vecinos del África ecuatorial: incluyen a los hutus, a los tutsis y a los twas. Su lenguaje es el kinyarwanda y sus vínculos se extienden a los bayakoles y los bakigas de Uganda y los barundis de Burundi. Además del idioma y territorio, comparten las mismas instituciones políticas tradicionales. En el caso de Rwanda, hasta el momento de su caída, el reino de Rwanda era altamente organizado y con una fuerte estratificación social. La nobleza y la comandancia del ejército -así como la casi totalidad del ganado- pertenecía mayoritariamente a los integrantes tutsis del reino, mientras que los twas se dedicaban a la caza y la alfarería y los hutus se ocupaban de la agricultura. A mediados del siglo XX, los hutus constituían el 84% de la población mientras que los tutsis alcanzaban el 14%. Pero, contrariamente a la idea general, no todos los tutsis eran miembros de las clases gobernantes o privilegiadas. La dominación que los señores tutsis lograron mantener sobre la mayoría hutu hasta los albores de la independencia se basaba en la casi exclusiva posesión del ganado. En los tiempos tradicionales, la distribución de este bien se realizaba por medio de un mecanismo social denominado ubuhake. Según esta costumbre, una persona de menor prestigio y situación económica -generalmente un hutu- ofrecía sus servicios a otro -generalmente un tutsi- quien a cambio le entregaba el usufructo de uno o varios animales. En 1962, al momento de independizarse Rwanda, los 43 cacicazgos y 549 de los 559 subcacicazgos de Rwanda-Burundi estaban en manos de los tutsis y casi el 80% de los funcionarios del poder judicial también eran de ese grupo étnico. Otro de los elementos que le permitía a los tutsis mantener su espíritu de cuerpo y su sentimiento de superioridad fue la dedicación a las estructuras militares, inaccesibles a los otros grupos integrantes del estado. La cohesión social estaba garantizada por una serie de jerarquías (territoriales, militares, de solidaridad mutua, etcétera), a la cabeza de las cuales se encontraba el rey. Las relaciones establecidas desde la colonización europea fueron minando algunos aspectos de esta estructura social del país. Todavía bajo el control belga de la región Rwanda-Burundi, un movimiento de reivindicación hutu comenzó a surgir en 1957. Dos años después, la misteriosa muerte del rey Mutara, un reformista que vivía en Bujumbura, la actual capital de Burundi, abrió el camino a una cruenta guerra civil. En 1962 ya sumaban 22.000 los tutsis desplazados dentro del país. Los hutus, que por medio de elecciones conquistaron el poder en Rwanda, nunca lograron establecer una armonía entre los diferentes grupos humanos que comparten el mismo espacio geográfico. Las rivalidades violentas se sucedieron de manera periódica y afectaron tanto a Burundi (gobernada mayoritariamente por tutsis hasta poco tiempo antes) como a sus vecinos del norte. El miedo a las matanzas hizo que entre 1959 y 1964 cerca de 60% de los tutsis abandonaran Rwanda y se dirigieran principalmente a Burundi. En 1966 las venganzas étnicas volvieron a cobrar un alto número de víctimas. Por su parte, la violencia entre grupos tuvo sus picos en Burundi en 1965, 1966 y 1969, 1972 y 1988. Los últimos episodios de esta cadena de violencia comenzaron en Rwanda a mediados de la década de 1990, cuando el gobierno dirigió un movimiento apelando al predominio hutu. La campaña alcanzó su paroxismo durante el genocidio. La muerte del presidente de los entonces presidentes de Rwanda, Juvenal Habyarimana, y de Burundi, Cyprien Nytaryamira (ambos hutus), en un atentado con morteros contra el avión en el que viajaban a Kigali después de asistir a una Conferencia de paz en Tanzania, el 6 de abril de 1994, inició un nuevo baño de sangre que en tres meses le costó la vida a 800 mil personas, principalmente tutsis. Las confrontaciones entre ambos grupos continuaron en Burundi, y el golpe de 1996 provocó la huída de miles de burundianos que buscaron asilo en Zaire, actual República Democrática del Congo.Genocidio y después El nuevo gobierno trató de reactivar la desmantelada economía y de organizar juicios contra los culpables de lo que la ONU reconoció como un "genocidio". Sin embargo, el gobierno no recibió la ayuda esperada de los países occidentales y muchos miembros de las milicias responsables de las matanzas siguieron operando desde Zaire, donde se habían refugiado. Durante 1995 y 1996 se descubrieron fosas comunes prácticamente todas las semanas, mientras la violencia del nuevo ejército rwandés causaba más muertes. Muchas de las víctimas de los milicianos eran simples testigos de lo ocurrido en 1994, así como funcionarios públicos hutus, acusados de "colaboracionismo". La agudización de las tensiones en el este de Zaire y las deportaciones masivas de refugiados, agravaron los ataques a los derechos humanos. En abril de 1998, pese a pedidos de clemencia hechos por personalidades internacionales, 22 responsables del genocidio fueron ejecutados en lugares estratégicamente seleccionados, donde tuvieron lugar las masacres más numerosas. Entre los cuatro ejecutados en Kigali, se encontraban Silas Munyagishali (fiscal auxiliar de Kigali), Froduald Karamira (ex vicepresidente del MRD) y Elie Nhimiyimana (organizador de la masacre registrada en el barrio capitalino Gikondo). Jean Kambanda, ex primer ministro del gobierno hutu, decidió declararse culpable y colaborar con el Tribunal Internacional, revelando informaciones sobre sus ex compañeros de gobierno. En vez de la pena capital, Kambanda fue condenado a cadena perpetua. En 1999, el primer ministro Pierre Celestin Rwigema, uno de los pocos hutus del gobierno, fue acusado de desviar cientos de miles de dólares de ayuda internacional hacia proyectos personales, como la construcción de escuelas en su región de origen. Las autoridades gubernamentales se sintieron "agraviadas" por la liberación de uno de los sospechosos principales del genocidio de 1994 por parte del Tribunal Internacional. En noviembre la ONU pidió perdón a Rwanda por su incapacidad por evitar el genocidio. Un informe de la ONU divulgado en marzo de 2000 acusó al FPR, bajo órdenes de Kagame, de ser responsable del atentado al avión que el 6 de abril de 1994 acabara con la vida de Habyarimana. Kagame rechazó las acusaciones alegando que el informe intentaba absolver a la ONU de su parte de culpa en el genocidio que siguió a los acontecimientos denunciados. El Tribunal Internacional sobre Rwanda (TCIR) dio a conocer en 2001 los primeros veredictos. Estos fallos abrieron un nuevo camino en el derecho y la justicia internacionales para los casos de crímenes de guerra. La fiscal Carla del Ponte había indicado que la investigación que involucra a lideres políticos, militares y eclesiásticos con el genocidio podría culminar en 2004. Siete años después del genocidio, en 2001, los sobrevivientes seguían siendo los grandes perdedores: el poder no estaba en sus manos, la economía del país se hundía y el SIDA diezmaba a los más jóvenes con más saña que la guerra. A pesar de sus cientos de miles de muertos, Rwanda tenía más población que antes del genocidio. El problema de la posesión de la tierra seguía sin ser resuelto y el éxodo rural inundaba las ciudades de filas de desempleados. Kigali pasó de 150.000 habitantes en 1995 a unos 500.000 en 2002. El país inauguró el año 2002 con nuevos símbolos patrios. La nueva bandera, himno y escudo nacional, presentados durante una ceremonia en Kigali, sustituyeron a los símbolos diseñados en 1962. La nueva bandera se compone de los colores azul, amarillo y verde. Al azul se lo consideró símbolo de la paz y la tranquilidad; al verde, de la prosperidad, el trabajo y la productividad; el amarillo (sol) simbolizaba nueva esperanza y transparencia. Al menos a nivel simbólico, la nueva Constitución, recientemente aprobada, acaso vaya en esta misma dirección. |
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