Si bien Panamá ha montado numerosas deportaciones masivas en los últimos años, la más chocante sucedió dos meses después de firmada la Declaración, desde el 18 al 21 de abril, cuando funcionarios del Organismo Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR), acompañados por soldados de la Guardia Nacional y numerosos policías, llegaron en helicóptero y trasladaron 109 refugiados, incluyendo 63 niños, desde el poblado de Punusa, en el este de Panamá, hasta el lado colombiano de la frontera, donde fueron abandonados sin alimento, agua o cobijo. Incluso algunas madres se vieron obligadas a abandonar a sus hijos, que habían nacido panameños.

En aquel momento, el grupo fue obligado a dejar un área despejada, supuestamente para que más helicópteros pudieran aterrizar con ayuda humanitaria. Sin embargo, el comandante de la Guardia Nacional a cargo de la operación acusó a los colombianos de ser guerrilleros o simpatizantes de las guerrillas, y les dijo que iban a venir paramilitares a matarlos. Finalmente las autoridades anunciaron que el grupo sería repatriado y que funcionarios del ACNUR y de Colombia los recibirían del otro lado, afirmación que resultó falsa.

"Dijeron que habían venido a ayudar, y eso es lo que creímos", señaló un colombiano expulsado, que pidió el anonimato. "Resultó ser una mentira". Si bien muchos refugiados intentaron escapar, algunos con éxito, la mayoría fue llevada de vuelta a Punusa a punta de pistola. Según testimonios, dos jóvenes colombianos fueron atados a un árbol en las afueras del poblado durante varias horas y torturados. Su destino sigue sin aclararse.

Gerard Fayoux, jefe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el noroeste colombiano, señaló que "hay denuncias de maltrato; hubo amenazas, y hay familias separadas de sus seres queridos". "Dos niñas de dos y ocho años se quedaron con familiares panameños pero sin sus madres colombianas; y una niña de 13 años ha desaparecido después de huir a las montañas cuando la unidad de la Guardia Nacional panameña ocupó el poblado".

Según un representante del grupo de refugiados, los mismos fueron obligados, en algunos casos a punta de pistola en la cabeza, a firmar documentos de repatriación voluntaria. "Nos metieron en la escuelita de una sola aula donde nos obligaron a firmar documentos".

Algunos fueron despojados de documentos de identidad que demostraban su calidad de refugiados. Con poco más que una muda de ropa, todos fueron introducidos a helicópteros y llevados a un puesto de vigilancia fuera de uso en territorio colombiano, donde fueron abandonados mientras caía la noche.

La deportación fue el último desplazamiento para estos colombianos. Todos provienen del extremo norte de la provincia de Chocó, donde los dos grupos armados ilegales dominantes de Colombia, las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las paramilitares derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se enfrentan en una guerra por control de territorios.

En aquel momento, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló que Panamá había contravenido acuerdos internacionales que protegen a quienes buscan asilo, y llamó al gobierno de Mireya Moscoso a detener tales acciones. Respecto al presente caso, Manuel Acevedo, asistente de refugiados colombianos para el Vicariato Católico del Darién, señaló que el gobierno panameño pretende una "limpieza" en la región fronteriza con Colombia, dado "que no quiere que los problemas de Colombia se filtren a nuestro lado de la frontera, así que ha adoptado una política de deportaciones pensando que esto resolverá la cuestión".

La comunidad de autodeterminación en Cacarica

En la actualidad, existe honda preocupación tanto por aquellos que quedarían expuestos a la persecución de los grupos armados colombianos así como por los miles que siguen en Panamá buscando asilo.

En 1997, cuando el Ejército colombiano, junto con las AUC, llevó a cabo una operación a gran escala en la región del Bajo Atrato en el norte de Chocó, resultó que unos 6,500 colombianos quedaron como desplazados forzosos.

Muchos de estos han regresado ya al área del Bajo Atrato, entre ellos 2,300 miembros de la comunidad de autodeterminación -organización comunal que reclama su derecho a vivir y trabajar libre de la presencia de cualquier actor armado- de Cacarica, que ha estado bajo constante amenaza, especialmente por las AUC, que la acusan de albergar a simpatizantes de las guerrillas, lo que los líderes comunitarios niegan enfáticamente.

Desde 2002, las incursiones de grupos armados colombianos a territorio panameño han dejado al menos siete muertos. El 18 de enero, cuatro indígenas panameños del Darién fueron asesinados por las AUC. En diciembre de ese año, temiendo posibles acciones paramilitares, 32 miembros de la comunidad de Cacarica huyeron a Punusa, sumándose a otros 77 que en el 2001 habían buscado refugio en el poblado panameño. Los 32 regresaron a Cacarica pocos días después de ser deportados; la mayoría de los restantes deportados se han unido desde entonces a la comunidad de autodeterminación esperando contar con alguna protección.

Al Defensor de los Derechos Humanos de Colombia le preocupa no sólo la seguridad de todos los deportados, sino también la de los habitantes de la comunidad de Cacarica. Miguel Ángel Afanador, quien es el defensor regional, ha señalado que "el retorno de los 32, además de los aproximadamente otros 70 deportados, podría aumentar los riesgos que enfrenta Cacarica. Es un caso de alto perfil, porque se sabe quiénes están llegando, por qué están llegando y desde dónde. Podría haber más amenazas y hostigamientos", dijo. "Es muy preocupante, porque las AUC ya tienen a la comunidad bajo su mira", agregó.

Se estima que cada día más de 1,100 colombianos se convierten en desplazados forzosos debido a la guerra. La mayoría se dispersa por otras partes del país, pero algunos se las arreglan para ingresar a Venezuela, Ecuador o Panamá, los países fronterizos.