Las bases del olvido

De acuerdo a una investigación elaborada por Equipos Mori y publicada por la revista Riesgo País, el 70% de los 900 jóvenes encuestados -de entre 18 y 29 años- no conocen con exactitud en qué año se produjo el golpe de Estado en Uruguay. Mientras el 30% nombra una fecha equivocada, el 23% reconoce ignorarla. Entretanto, el 70% de los jóvenes no es capaz de mencionar el nombre de ninguno de los mandatarios que entre 1973 y 1985 detentaron el poder (Alberto Demicheli, Aparicio Méndez, Gregorio Álvarez). Según datos revelados por Riesgo País, el 26% de los uruguayos actualmente en edad de votar no había nacido cuando comenzó la dictadura.

El gran golpe

El 27 de junio de 1973, el entonces presidente constitucional Juan María Bordaberry (elegido democráticamente en 1971) disolvió el Parlamento con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Luego de un largo proceso de crisis política que se fue profundizando con medidas progresivamente autoritarias -aplicadas con la excusa de combatir a la guerrilla urbana del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN), activa desde 1966- se disolvieron las cámaras legislativas y las juntas departamentales y sobrevino el golpe de Estado.

Sin parlamento nunca más

Mientras la Cámara de Representantes inició el miércoles pasado la recordación con una serie de actos bajo la consigna “Sin Parlamento nunca más”, la central sindical PIT-CNT, con apoyo de otras organizaciones sociales, convocó a una marcha céntrica el día de la conmemoración con el lema "A 30 años la memoria resiste: ante la injusticia que no cesa, dignidad que no se doblega", en referencia a las desapariciones sin resolver.

Hace tres años, el presidente Jorge Batlle, creó la Comisión para la Paz, conformada por personalidades de diversas tendencias políticas, con el propósito de investigar y dar a conocer la verdad sobre el destino de los desaparecidos durante el régimen dictatorial instaurado a partir de 1973 y finalizado con las elecciones nacionales del 25 de noviembre de 1984 que llevaran a la primera presidencia a Julio María Sanguinetti.

Revelaciones de la Comisión para la Paz

Ningún uniformado, militar ni policía, fue juzgado por los crímenes de la dictadura, porque fueron amnistiados por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Sin embargo, , dado que la Ley de Caducidad no ampara a civiles que pueden ser responsables por las violaciones a los derechos humanos, en octubre de 2002 Juan Carlos Blanco, fue procesado y enviado a prisión por siete meses, inculpado por un delito contra la humanidad.

El informe final (divulgado por la Comisión para la Paz en octubre de 2002), que investigaba los secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura, logró esclarecer el destino de 26 de los 38 casos de desaparecidos denunciados en el país. Sobre un total de 38 denuncias de desaparecidos en Uruguay (32 uruguayos y 6 argentinos) se establecía la responsabilidad del Estado en el asesinato en territorio nacional de 26 uruguayos entre 1973 y 1984, que habrían sido torturados, cremados y arrojados al mar por fuerzas militares. La mayor parte de esas personas murieron debido a las torturas en centros clandestinos de detención y en algunos casos, de acuerdo al informe, “como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte”.

A pesar de este reconocimiento oficial, el procesamiento por homicidio de Juan Carlos Blanco -actualmente en libertad- es el único que hasta ahora enfrenta la justicia. Blanco, perteneciente a filas del partido Colorado, canciller durante el primer tramo de la dictadura y senador entre 1985 y 1990, fue acusado por complicidad en la desaparición de Elena Quinteros, secuestrada por fuerzas militares en la embajada de Venezuela, adonde había llegado en busca de refugio. El ex canciller es el primer civil que fue a la cárcel, acusado de haber participado, en 1976, en una reunión donde se decidió la suerte que correría Quinteros tras ser secuestrada en el jardín de la embajada de Venezuela. Luego de discutir ventajas y desventajas de entregar a la secuestrada a la embajada venezolana, se resolvió retenerla. Según el expediente divulgado el año pasado por la Comisión para la Paz, Quinteros falleció tras ser torturada en un cuartel de Montevideo.

Las condiciones del voto amarillo

Entre el 6 de julio y el 3 de agosto de 1984 se llevó a cabo, entre políticos de los partidos Colorado y Frente Amplio y militares, el Pacto del Club Naval, donde se acordó que el ejército abandonara el gobierno. Una vez restablecida la democracia, se aprobó la amnistía para presos políticos y se estableció una Comisión de Repatriación para hacer retornar al país a miles de exiliados políticos.

Grupos de defensa de los derechos humanos y familiares de detenidos desaparecidos reclamaron que se esclareciera el destino de las víctimas del régimen y que se castigase a los culpables de violaciones de los derechos humanos. Ante esta situación, los comandantes en jefe de las FFAA guardaron las citaciones en sus cuarteles y declararon que ninguno de sus subordinados comparecería. El presidente electo Sanguinetti, cuyo ministro de Defensa era Hugo Medina, el último comandante en jefe de las FFAA durante la dictadura, envió al parlamento una ley con la que se inhibía al Estado de iniciar juicios o castigar a culpables de violaciones a los derechos humanos.

En diciembre de 1986 se aprobó la ley Nº 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que exoneraba a militares y policías que, por motivos políticos, habían cometido crímenes contra la humanidad entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985. Sectores sociales y políticos desconformes con esta norma, crearon una Comisión Nacional Pro Referéndum en 1987, dedicada a recoger las firmas necesarias (600.000) que permitieran a la población discutir la nueva ley. Quienes apoyaban el mantenimiento de la ley fuera debían votar con una papeleta amarilla. Quienes quisieran derogar sus artículos 11, 21, 31 y 4, para que los responsables fueran castigados, debían votar con una verde. El resultado arrojado el 16 de abril de 1989 dio el triunfo al voto amarillo, votado por el 52,2% de los ciudadanos habilitados.

Hasta el momento, no ha habido, por parte de las Fuerzas Armadas uruguayas, un pedido de perdón o un reconocimiento de responsabilidad militar por los crímenes cometidos, como hiciera el general Martín Balza, jefe del ejército de Argentina.