Una historia familiar

El ERS surgió del Movimiento del Espíritu Santo, encabezado por Alice Auma Lakwena, una mujer del pueblo Acholi de Uganda septentrional, que afirmaba ser una médium. Su movimiento atrajo bastante apoyo popular en la tierra acholi en los años 1986 y 1987, tras el derrocamiento del régimen anterior -que encabezaba Bazilio Olara Okello- por parte del Movimiento de Resistencia Nacional, dirigido por el entonces general Yoweri Museveni.

Alice Auma Lakwena exhortaba a sus seguidores a nunca abandonar su objetivo de recuperar el poder en Kampala. No obstante, sus fuerzas sufrieron graves bajas en noviembre de 1987, durante una batalla con las fuerzas gubernamentales, en Jinja. Posteriormente Lakwena huyó a Kenya, donde ahora vive como refugiada. El primo de Alice Lakwena, Joseph Kony, un ex monaguillo vuelto líder rebelde y autoproclamado profeta, reunió los vestigios del Ejército del Movimiento del Espíritu Santo y, nuevamente organizado, declaró que su misión era derrocar al gobierno del Movimiento de Resistencia Nacional e "instaurar los Diez Mandamientos" en Uganda.

Para 1991, el Ejército de Resistencia del Señor había iniciado ataques contra la población civil, pero los movimientos armados siguieron siendo débiles durante los años 1992 y 1993 y se suponía, en aquel entonces, que Joseph Kony trataba de negociar la rendición del Ejército de Resistencia del Señor. Sin embargo, en 1994 el proceso de paz se derrumbó cuando el presidente Museveni dio un ultimátum a dicho ejército para que depusiera las armas en un plazo de siete días. Los combates continuaron constantemente durante los años siguientes; aumentaron en ferocidad y frecuencia los ataques contra la población civil, se perpetraron saqueos, secuestros y mutilaciones, y se utilizaron niños como esclavos sexuales y soldados. Estos ataques causaron la pérdida de muchas vidas.

En abril de 1995, en Ataiak, en el distrito de Gulu, los disturbios perpetrados por el ERS acabaron con la vida de 200 personas. En enero de 1997, guerrilleros de esta organización mataron a más de 400 aldeanos en el condado de Lamwo, cerca de la frontera sudanesa. El nivel de violencia continuó elevado durante 1998, se debilitó ligeramente a principios de 1999 y desde entonces ha vuelto a aumentar.

Intervención de organismos internacionales

Según informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),el ERS ha secuestrado desde 1986 hasta 10.000 niños, en su mayor parte de 14 a 16 años, si bien en ocasiones niños y niñas indistintamente de 8 y 9 años. Se estima que desde 1995 se han secuestrado de 5.000 a 8.000 niños. Los niños son obligados a caminar durante días, cargados con equipo y suministros militares, hacia los campamentos del ERS. Muchos de ellos mueren en el camino.

Asimismo, UNICEF afirma que se raptan más niños que niñas, ya que la razón fundamental del secuestro es utilizarlos como soldados. Una vez que llegan a los campamentos, se les enseña a utilizar las armas y se les obliga a luchar, tanto en territorio ugandés como en Sudán. A los niños más pequeños se les asignan distintas tareas y las niñas, incluso de 12 años, son entregadas a los comandantes como "esposas", convirtiéndolas en esclavas sexuales. Cada soldado puede tener varias esposas de ese tipo y muchas de las niñas han quedado embarazadas y contraído enfermedades sexuales. Los niños que no desempeñan satisfactoriamente las tareas que se le han asignado son apaleados. Aquellos que desobedecen las órdenes son apaleados o asesinados y con frecuencia se obliga a otros menores secuestrados a ejecutarlos. Las tentativas frustradas de huida son castigadas con la muerte; cuando el escape es exitoso, miembros del ERS toman represalias contra los familiares del evadido.

La Agencia FIDES, que depende de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe en el Vaticano y se especializa en la difusión de noticias de las misiones, tomó contacto con un misionero residente en Uganda que, por motivos de seguridad, permanece anónimo. Este misionero señaló que el hecho de que la guerrilla del ERS lleve tanto tiempo (desde 1986) es porque encuentra apoyo en el extranjero. Según este misionero existe, en esta guerrilla, una estrategia diseñada para lograr que se permita la entrada de Uganda a la órbita islámica. De acuerdo al declarante, todo parecería indicar que hay intereses externos en hacer que esta guerra continúe.

Actualmente, jefes religiosos locales trabajan para obtener una mediación entre el gobierno y la guerrilla, pero permanentemente surgen nuevos obstáculos. El pasado 20 de junio, las autoridades religiosas de Uganda y Sudán pidieron a la comunidad internacional que interviniera para poner fin a la guerra en el norte de Uganda. Reclamaron a las Naciones Unidas que se ocuparan del conflicto en la región y que se tomaran todas las medidas necesarias para proteger a los civiles. Asimismo, reclamaron a diversas entidades internacionales -jefes de las misiones diplomáticas, Comunidad de África del Este, Unión Africana, Autoridades inter-gubernativa para el Desarrollo (IGAD) y la Liga Árabe- para que respaldaran la propuesta.

Líderes religiosos del poblado de Gulu, ubicado al norte del país, pasan la noche a la intemperie junto a miles de niños, por temor a que sean secuestrados. El arzobispo de Gulu, Juan Bautista Odama, describió las condiciones de los niños como "patéticas". El conflicto, que ya provocó el desplazamiento de 800.000 civiles, amenaza con extenderse al este del país.

Operación puño de hierro

A comienzos de 2002, el gobierno ugandés lanzó una ofensiva militar conocida como "operación puño de hierro" contra las bases de los rebeldes del ERS en Sudán. Pese a ello, a comienzos de julio de ese año los rebeldes regresaron armados al norte de Uganda.

Esta ofensiva determinó una creciente presión militar en el grupo insurgente y en marzo de 2003 el ERS declaró el cese el fuego. Por intermedio de líderes religiosos, los rebeldes dijeron que la tregua incluiría también el cese del rapto de menores. El ejército de Uganda recibió el anuncio de buen grado. Sin embargo, los hechos indican que la situación en el norte de Uganda se ha deteriorado en los últimos meses.

Ley de Amnistía

La oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Nairobi inició en enero de 2003 un programa para registrar, otorgar documentos y dar cobijo a antiguos rebeldes del ERS ugandés dispuestos a acogerse a la amnistía aprobada en enero de 2000 y volver a sus hogares en Uganda. El proyecto, financiado conjuntamente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Unión Europea, provee ayuda para el retorno y la reintegración de un grupo inicial de 200 rebeldes del ERS que se encontraban en ese momento en Kenya, y 300 más que estaban en Sudán. El registro realizado por la OIM se llevó a cabo con la colaboración de la Comisión de Amnistía ugandesa y autoridades del gobierno de Kenya y Uganda. A pocos días de haber comenzado el programa, 266 excombatientes del ERS y las personas reclutadas por el grupo -incluyendo mujeres y niños secuestrados- se habían registrado en la OIM para poder volver a Uganda.

Tanto la Ley de amnistía como la Comisión de Amnistía de Uganda fueron iniciativas determinadas a lograr una solución negociada con el ERS, que facilitara el retorno de los niños secuestrados. La ley, promulgada por el gobierno de Uganda el 21 de enero de 2000, preveía la amnistía para todos los que hubieran participado en la rebelión armada contra el gobierno de Museveni desde 1986, dispuestos a renunciar, abandonar la lucha subversiva y entregar las armas. Luego de aceptadas estas condiciones, los amnistiados no podrían ser perseguidos judicialmente ni sujetos a ninguna forma de castigo por ningún delito cometido durante la guerra o la rebelión armada.

En julio de 2002, Mary Robinson, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizó un informe sobre la cuestión de la violación sistemática, la esclavitud sexual y las prácticas análogas a la esclavitud en situaciones de conflicto armado. En el mismo se planteó que la concesión de una amnistía general en Uganda, podría promover una cultura de impunidad, lo cual no estaría en consonancia con las normas y la práctica internacionales, especialmente ante la evidencia de que durante la lucha se habían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. En este sentido, se observó que las prácticas del ERS, inclusive el asesinato, la esclavitud, las torturas, la violación y la esclavitud sexual, no sólo eran graves violaciones de los derechos humanos sino que podían considerarse también crímenes de guerra.

Según el informe de las Naciones Unidas, las normas jurídicas internacionales pertinentes establecen que se debería exigir responsabilidades por esos crímenes a los principales dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor. Sin embargo, el mismo informe argumenta que la inmensa mayoría de los combatientes de esta organización armada eran o son niños soldados y, por lo tanto, no pueden ser perseguidos por delitos cometidos mientras estaban secuestrados.

Día Internacional contra el Trabajo Infantil

En el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, el 12 de junio de 2003, UNICEF señaló que se estima que el tráfico internacional de seres humanos está comenzando a rivalizar con el tráfico ilícito de armas y de drogas. Carol Bellamy, directora ejecutiva de UNICEF, señaló que las redes del crimen organizado consideran cada vez más a los niños y las niñas como productos de cambio, cuyo beneficio deriva de la venta de menores para que trabajen como esclavos. De acuerdo a Bellamy, los traficantes consideran a los niños y a las niñas como productos de cambio, ya que resulta fácil manipularlos, están sujetos a una amplia demanda y es posible explotarlos durante un largo período de tiempo. Ocultos a la vista del público y a menudo sin protección jurídica, los menores son víctima de las promesas que los delincuentes a cargo del tráfico les hacen de las posibilidades de obtener una "buena educación" o un "trabajo mejor". Lejos de su hogar o en un país extranjero, los niños y niñas desorientados, sin documentos y excluidos de cualquier entorno protector, son obligados a prostituirse, a trabajar en el servicio doméstico, a casarse temprano y de manera involuntaria o a trabajar en actividades peligrosas y de dureza extrema.

Aunque no existen datos definitivos sobre la trata de niños y de niñas, algunos organismos calculan que 1,2 millones de niños y de niñas son víctimas, todos los años, del tráfico. Niñas de sólo 13 años de edad (la mayoría de Asia y de Europa Oriental) son trasladadas de un país a otro como "novias por correo". A las niñas utilizadas como empleadas domésticas se les niega acceso a la educación y sufren, a menudo, abusos sexuales en los hogares de sus empleadores. En Fiji, por ejemplo, una encuesta del UNICEF reveló que ocho de cada diez menores trabajadores domésticos denunciaron que sus patrones habían abusado sexualmente de ellos. En África, el tráfico de niños es uno de los peores problemas en por lo menos la mitad de los países, según un estudio llevado a cabo por el Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF. Bellamy afirmó que ningún país está libre de la trata de seres humanos y que las actividades para poner fin a esta práctica deben ser de naturaleza tanto regional como internacional. Otra medida importante es garantizar visas humanitarias o conceder estatus de refugiado a los niños y niñas víctimas de la trata.