Palau es el quincuagésimo país en ratificar el Protocolo que busca proteger el medio ambiente de los potenciales daños que pueden provocar los organismos genéticamente modificados (OGMs). El Tratado de Biodiversidad firmado en 1992 en Río de Janeiro fue el primer acuerdo mundial sobre la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Este Tratado dio origen al Protocolo, estableciendo que entraría en vigor una vez que hubiera sido ratificado por 50 gobiernos.

Transgénicos vs. no-transgénicos

El Protocolo de Bioseguridad es un instrumento que permite que los gobiernos señalen si están o no dispuestos a aceptar las importaciones de productos agrícolas que incluyan organismos vivos modificados, comunicando su decisión a la comunidad internacional a través de un centro de información sobre seguridad de la biotecnología, mecanismo establecido para facilitar el intercambio de información y de experiencias sobre organismos vivos modificados. Además, los artículos que puedan contener estos organismos deben estar claramente etiquetados como tales cuando se exportan.

La ratificación de Palau fue apaludida por varios grupos ambientalistas, incluyendo Amigos de la Tierra Internacional (ATI), federación descentralizada de organizaciones no-gubernamentales (ONGs) en todo el mundo que tiene como cometido la defensa del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible. Esta federación hizo especial hincapié en que el tratado es el primer acuerdo internacional en establecer que los OGMs son diferentes y por lo tanto requieren un tratamiento distinto del que reciben las plantas o los animales convencionales.

Ricardo Navarro, presidente de ATI, sostuvo que el Protocolo establece una nueva era para la regulación global de los OGMs. Agregó que el tratado impulsará a los países a prevenir la contaminación de productos con semilllas genéticamente modificadas implementando un sistema de preservación de la identidad de los alimentos donde quede especificado el carácter de OGMs o no OGMs de los productos. Este sistema se ejecuta mediante la identificación de la fuente de origen o naturaleza de los alimentos, lotes o ingredientes alimentarios, como por ejemplo, la autentificación de especies de pescado en alimentos enlatados.

Sin embargo, como ocurre con otros acuerdos internacionales, el gobierno estadounidense no forma parte del Protocolo ya que nunca ratificó el Tratado de Biodiversidad. Pese a ello, Estados Unidos, productor de 67% de los cultivos transgénicos del mundo, tendrá que someterse a lo que este Protocolo establece cuando pretenda exportar OGMs a un país que sea miembro de este acuerdo.

La ratificación de Palau coincidió con la puesta en conocimiento de un informe preliminar titulado “Argumentos a favor de un mundo sostenible sin modificación genética (The Case for a GM-free Sustainable World)”, realizado por el Panel Científico Independiente (PCI), un grupo de destacados científicos provenientes de diversas disciplinas que se oponen al uso y abuso de organismos genéticamente modificados. El informe sostiene que los OGMs ponen en sustancial riesgo al medio ambiente y la salud humana y animal. Asimismo, proclama la prohibición de los cultivos genéticamente modificados, poniendo énfasis en las innumerables ventajas que brinda la agricultura sostenible. Según el informe los cultivos genéticamente modificados no han dado los beneficios prometidos y ni siquiera ha sido comprobado que sean seguros. El PCI establece que la contaminación por transgénicos es inevitable y por ello no puede coexistir una agricultura genéticamente modificada con una que no lo es.

Tanto la entrada en vigor del Tratado como el Informe del PCI surgen en medio de un significativo agravamiento del debate global acerca de los OGMs, discusión promovida por Estados Unidos como una posible respuesta a la problemática mundial de alimentación a través, por ejemplo, de la posibilidad de que genes que refuerzan la resistencia a la sequía o la resistencia a ciertos parásitos puedan ser implantadas en cultivos que son comunes en África.

Sin embargo, Peter Rosset, co-director del Instituto de Políticas de Alimentación y Desarrollo de Estados Unidos, comentó en este sentido que en la agricultura mundial hay superproducción y que las personas sufren de hambre por pobreza y por una mala distribución de la riqueza.

En este contexto, Estados Unidos, recientemente hizo formal su queja frente a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en contra de la Unión Europea por su prohibición de productos genéticamente modificados. Algunos altos jerarcas, entre ellos el Presidente Bush, sostienen que la oposición por parte de la UE hacia los OGMs determinará consecuencias desastrozas en los países pobres, especialmente en África. Asimismo, Bush manifestó que la prohibición por parte de la UE ha implicado que varios países africanos no invirtieran en biotecnologías por temor a que sus productos no sean aceptados por los mercados europeos. El premier estadounidense agregó, que los gobiernos europeos deberían sumarse -en lugar de obstaculizar- la causa de poner fin al hambre en África. El Respresentante de Comercio de Estados Unidos, Robert Zoellick, incluso acusó a las políticas de la UE de "inmorales".

Prudencia

Por su parte, la UE y algunos países en vías de desarrollo han adoptado una perspectiva más prudente con respecto a la tecnología de los OGMs. Para ello argumentan que ésta no ha sido lo suficientemente testeada como para determinar los potenciales impactos que podría tener sobre la salud y el medio ambiente. Tal como lo manifestó Pascal Lamy, Comisario de la UE para los Asuntos Comerciales, la Unión siente la necesidad de tomar mayores precauciones que los estadounidenses.

Entretanto, la administración Bush insiste en que no hay evidencia científica que compruebe que los productos OGMs representen un riesgo para la salud o el medio ambiente, y argumenta que la base real para la oposición de la UE es proteger la agricultura local de la competencia, proveniente de los Estados Unidos.

El Protocolo de Bioseguridad apoya el abordaje prudente de la UE. Según las disposiciones de este acuerdo, los países que exporten OGMs deberán brindar información exhaustiva a los países destinatarios antes de enviar los productos, de modo que puedan decidir si asumen los riesgos o no. El Protocolo también requerirá que los exportadores de OGMs liberados en el medio ambiente, tomen las medidas para prevenir que éstos se propaguen en los alrededores de forma que puedan contaminar especies originales.

Según la Federación Amigos de la Tierra, el Protocolo tiene aún serios vacíos, entre ellos un adecuado procedimiento para juzgar responsabilidades por violaciones. La federación reclama mecanismos que aseguren que si cultivos genéticamente modificados efectivamente contaminan el medio ambiente, las corporaciones o los exportadores que provocaron la contaminación sean considerados responsables. El grupo agregó que el sistema de notificación internacional que entrará en efecto con el Protocolo no reemplazará la legislación nacional acerca del uso de los OGMs. De acuerdo a esta organización, los países signatarios de este instrumento deberían desarrollar sus marcos legales nacionales para complementar su marco legal en bioseguridad, ya que el Protocolo establecería una base legal mínima, a partir de la cual sería posible crear leyes nacionales tan estrictas como fuera necesario.