Por su parte, la directora de la Red Internacional de Acción Sobre Armas Pequeñas (IANSA), Rebecca Peters, dijo a la prensa que la gran mayoría de las muertes ocasionadas por armas pequeñas son prevenibles.

"Es tiempo de que los gobiernos y la sociedad civil trabajen juntos para detener la matanza", afirmó Peters, durante la primera reunión de representantes gubernamentales para evaluar la implementación del plan de acción elaborado en 1991 por la conferencia de la ONU en armas pequeñas.

El plan de acción de IANSA y la ONU exige a los 191 miembros del foro mundial la prohibición por ley de la producción y posesión no autorizada de armas pequeñas y la creación de comisiones especiales para coordinar las medidas en ese sentido.

El plan de acción insta a los países a identificar y destruir las armas excedentes, seguir de cerca de los portadores autorizados e identificar las armas en el momento en que son fabricadas, con el objetivo de permitir su rápida ubicación.

Pero un estudio de IANSA divulgado el lunes 7 señaló que apenas 19 países revisaron sus leyes en materia de armas pequeñas, sólo 65 enviaron informes sobre sus avances en el programa de acción y 37 crearon comisiones especiales para coordinar las políticas.

Al abrir la conferencia, Annan enfatizó, que "es difícil exagerar la importancia de la aplicación del programa de acción". "Después de todo, las armas pequeñas pueden causar destrucción masiva. Matan a unas 60 personas por hora, es decir más de medio millón al año. 90% son mujeres y niños", agregó.

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) indicó a su vez, que las armas ligeras han sido empleadas para violar derechos humanos por parte de los gobiernos y fuerzas rebeldes de Myanruar, Colombia, Costa de marfil, Macedonia, Nepal, Congo, en Israel y en territorio palestino.

Estas armas son utilizadas para cometer violaciones contra los derechos humanos, también, en países que gozan de periodos de relativa paz, como Camboya, Guatemala, Kirgisztán, Nigeria y Serbia, indicó la organización.

El informe de la IANSA exhorta a los gobiernos a revisar las leyes de control de manufactura, posesión, comercio, transferencia e intermediación de armas pequeñas, así como a aliarse con organizaciones no gubernamentales para impedir su proliferación. También propuso la creación de una agencia internacional que registre y rastree las armas "ligeras", y la firma de un tratado que regule su transferencia.

El G8 y los déspotas

Por su parte en un informe lanzado en el mes de mayo de este año, Amnistía Internacional denuncia que los países integrantes del G8 (los siete países más industrializados del mundo y Rusia) no sólo son los principales proveedores de armas del planeta sino que, además, no cumplen con sus compromisos y abastecen a gobiernos que violan los derechos humanos.

Según el informe, el mayor proveedor en las transacciones de armas es Estados Unidos, "con un 28% de las transacciones globales". El segundo en la lista de proveedores globales es Rusia (17%), luego Francia (10%), Gran Bretaña (7%) y Alemania (5%). De estos cinco países del G8 "provienen por lo menos dos tercios de la totalidad de las transferencias de armas entre 1997 y 2001".

Hace casi 10 años, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Rusia y el Reino Unido firmaron, junto con otros Estados participantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), los Principios Reguladores de las Transferencias de Armas Convencionales, que obligan a los Estados participantes a evitar las transferencias de armas si cabe la posibilidad de que se utilicen para violar o suprimir derechos humanos y libertades fundamentales. Luego, en 1998, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, se comprometieron, como miembros de la Unión Europea, a cumplir el Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas. Canadá, Estados Unidos y otros estados han manifestado su apoyo al Código. Éste, aunque deja la decisión final sobre las exportaciones en manos de los gobiernos, establece que no se deben exportar armas a países donde se corra claramente el riesgo de que se utilicen para ejercer represión interna o donde se hayan cometido violaciones graves de derechos humanos.

Los traficantes y agentes de transferencias de armas que actúan en la mayoría de los países del G8 pueden armar a autores de abusos contra los derechos humanos con sólo realizar su actividad en "terceros países" donde las medidas de control son menos estrictas. La mayoría de los gobiernos del G8 no tienen leyes que impidan la exportación de material de seguridad a fuerzas de seguridad extranjeras que hacen uso indebido de instrumentos legítimos para infligir torturas o malos tratos.

Como, con la excusa de la "confidencialidad comercial", se retacea a los legisladores, los medios de comunicación y los ciudadanos en general, la información significativa y oportuna sobre las decisiones relativas a la exportación de armas no es dada a conocer, se hace difícil el examen parlamentario del comercio de armas y la rendición pública de cuentas en relación al mismo.