La selva tropical, eje del conflicto en Chiapas El gobierno mejicano quiere sacar a los pobladores "ilegales" de la zona, pero estos amenazan con violencia. Según el World Rainforest Movement ,(WRM-Movimiento por los bosques tropicales),el grupo conservacionista estadounidense Conservación Internacional le ha pedido al gobierno mejicano que use sus fuerzas armadas para aplastar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de una vez por todas. La organización alega que el grupo guerrillero y las invasiones "ilegales" de campesinos a la selva Lacandonia están destruyendo el bosque tropical, por lo cual se necesita una intervención militar. México es uno de los cinco países del mundo con mayor biodiversidad, o sea, variedad de especies del reino animal y vegetal. Albergando más de 400 especies de plantas y animales, incluidos 50 tipos de orquídeas y más de 300 variedades de mariposas. Una imagen satelital del sudeste de México perfectamente puede ser comparada con una obra de Pollok o con cualquier obra del expresionismo abstracto. Tiene salpicones esporádicos de verdes que se mezclan con otros colores formando diversos contrastes. Pero hay una mancha verde muy bien delimitada; Montes Azules, una reserva natural creada por el gobierno en 1978, sin consulta alguna con los habitantes de la región, dentro de la selva Lacandonia en el estado de Chiapas. Casi la mitad de la selva tropical mejicana se encuentra protegida aquí, en 331.200 hectáreas de tierra. La caracterización como reserva natural implica que el gobierno no puede conceder tierra, en ninguna de sus acepciones, y que los únicos usos permitidos de la tierra y sus recursos son los que mantienen el carácter natural y no dañan la biodiversidad del área. Esta mancha, sin embargo, es hoy el eje de un conflicto que involucra al gobierno federal; asociaciones ambientales; zapatistas; campesinos; lacandones y multinacionales. La selva Lacandonia ha experimentado innumerables tipos de explotación a través de los siglos, desde extracción de madera, que la deforesta, el establecimiento de grandes ranchos ganaderos, explotación petrolera y represas hidroeléctricas, hasta, más recientemente la privatización de la diversidad biológica. La selva ocupada Hace 10 años los campesinos zapatistas se levantaron en armas contra el gobierno, en busca de autonomía. Debido al conflicto, muchos pobladores se internaron en la selva, formando poblados "ilegales" que Conservación Internacional, asociación ambientalista, solicita que el gobierno expulse alegando que estos han reducido sensiblemente la cantidad de vegetación para obtener tierras donde plantar. Obedeciendo a intereses de corporaciones multinacionales que quieren obtener agua o petróleo, y desarrollar la biotecnología y el ecoturismo en la selva Lacandonia, existe la amenaza del desalojo violento de los poblados asentados en Montes Azules, según expresa la organización civil Maderas del Pueblo del Sureste en un informe que se dio a conocer el 5 de junio de este año en San Cristóbal de Las Casas. El informe documenta que los dos casos de mayor deforestación y contaminación en Montes Azules se ven en el poblado Nueva Palestina y en la base militar de San Quintín. Dicho informe asegura que alrededor de las instalaciones militares y en los ranchos y ejidos ganaderos cercanos a San Quintín, los bosques se desvanecen. Los dueños legales del bosque son los lacandones, descendientes de los mayas; los lacandones han habitado las zonas más remotas de la selva durante siglos. En 1972, el gobierno mejicano concedió a 66 familias de lacandones el 80% de las tierras de la selva tropical para que habitaran en ellas, incluyendo el territorio que hoy es Montes Azules, pero excluyendo a un número importante de campesinos y comunidades indígenas. Sus descendientes, menos de 500, se han ganado la vida vendiendo productos del bosque, de la renta y el trabajo en ranchos ganaderos, represas hidroeléctricas, autopistas, pozos petroleros y la forestación para la venta de madera, principalmente eucaliptos. El gobierno está siendo presionado, principalmente por grupos ambientalistas internacionales como Conservación internacional y el Fondo de la Fauna del Mundo (WWF), que han culpado a los pobladores "ilegales" de destruir el bosque para practicar la agricultura. Estos grupos están financiando una campaña para la conservación de Montes Azules. Pero algunos observadores afirman que los grupos de conservación tienen intereses ulteriores por los cuales protegen la zona. La biodiversidad como botín La biodiversidad es el nuevo botín que buscan las corporaciones transnacionales en Chiapas. Esta diversidad es la materia prima de las empresas agroquímicas, farmacéuticas y de biotecnología. Estas riquezas biológicas, desde secuencias genéticas hasta organismos enteros, son patentadas por las corporaciones y, de este modo, privatizadas para su explotación comercial. "La influencia política que estos grupos tienen en el gobierno nos preocupa", afirmó Ernesto Ledesma Arronte, del Centro para el Análisis Político y la Investigación Social y Económica (CAPISE), con sede en Chiapas. Ledesma dice que dentro de los que contribuyen con esas organizaciones se encuentran multinacionales como; Starbucks, Chiquita, Grupo Pulsar y la Exxon, todas firmas con intereses de inversión en la región. Ledesma dice que la supuesta voluntad de las organizaciones como Conservación Internacional, son iguales a un caballo de Troya: una vez que accedan a la región utilizarán Montes Azules para cosechar su café, frutas, aceite y materia prima para la elaboración de productos farmacéuticos. Sin embargo Manuel Villarreal, de Conservación Internacional, niega que haya algún tipo de intereses ulteriores en quienes contribuyen a las organizaciones y agrega que no tiene información de inversiones previstas (en el área) por estas empresas. Por su parte, los aldeanos zapatistas acusan al gobierno y a los ecologistas de hipócritas por hablar ahora de proteger la selva tropical. A través las décadas de 1970 y 1980, gracias a campañas de registración, que buscaban sacar a los pobladores ilegales, conducidas por el gobierno y apoyadas por los grandes latifundistas, Chiapas sufrió una pérdida promedio del 2% de sus bosques al año. En mayo de 2003, un grupo de lacandones armados con pistolas y machetes entró a Nuevo San Rafael, uno de los 42 establecimientos ilegales dentro de la reserva, y exigió a los aldeanos que se fueran. José Merced Hernández, representante de CAPISE y testigo de ese hecho, dice que los lacandones llegaron en un barco-patrulla de la marina mejicana, acompañados por dos representantes de la Agencia Federal para la Protección del Ambiente (PROFEPA). "Los oficiales del gobierno estaban parados allí mientras ellos nos amenazaban" señaló Hernández, "esto nos conduce a pensar que están trabajando juntos, que el gobierno está apoyando a los lacandones". El gobierno niega estar de un lado o de otro, y Leonel Díaz Sarmiento, portavoz de PROFEPA, dice que los representantes de su agencia eran observadores ambientales, calificando su presencia allí como una "mera coincidencia". Según expresó el periódico La Reforma Maya, los lacandones están dispuestos a dar sus vidas para proteger su tierra, y si el gobierno no hace nada, tomarán el asunto en sus propias manos. Los lacandones, dueños del bosque, y miembros de grupos ambientales afirman que el gobierno debe tomar medidas para desterrar a los "ilegales" y proteger la selva. Pero los "ilegales", quienes abrazan aún las ideas zapatistas, se niegan a dejar las tierras y advierten que pelearan por ellas hasta las últimas consecuencias. En un comunicado oficial lanzado en diciembre del 2002, el líder Zapatista, el Subcomandante Marcos, anunció que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que lucha contra el gobierno desde hace 10 años, protegería las aldeas en Montes Azules contra cualquier tentativa de retiro forzado. El gobierno dice que está en diálogo con los aldeanos, y que muchos están dispuestos a ser redistribuidos en otras tierras, pero solamente una aldea ha aceptado la oferta. A seis familias de Lucio Cabañas, pequeña comunidad de la zona, les fueron prometidas nuevas tierras y trabajo temporal en el municipio de Amantenago, pero desde su llegada allí en diciembre del 2002, los aldeanos vecinos los forzaron a marcharse. PROFEPA entonces los envió a una estancia cercana a el estado de Comitán, prometiendo que los enviarían a un lugar mejor dentro de un mes. Pero después de cinco meses de esperar, y cuando se empezó a aproximar la estación de plantar, las familias rompieron los acuerdos y volvieron a Montes Azules hace un mes. La actual crisis en Chiapas es el resultado de una larga historia de conflictos no resueltos sobre la tierra en el sur de México, principalmente en Chiapas. Muchos de los abuelos y padres de los actuales ocupantes se trasladaron a Montes Azules por orden de gobiernos anteriores, para huir de las condiciones de trabajo opresivas y degradantes de los grandes estados del sur de México. En Montes Azules, el conflicto se presenta entre los lacandones y los "invasores" (campesinos e indígenas sin tierra). Los lacandones se retratan a sí mismos como los protectores de la selva, conectados con ella e histórocos propietarios de la misma, precerbadores ancestrales de ella y sus recursos.
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